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La exhibición de símbolos franquistas queda sin castigo en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

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La exhibición de símbolos franquistas queda sin castigo en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

La utilización de simbología franquista seguirá sin castigo tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior ha confirmado que no bastará la mera exhibición de banderas o emblemas de este tipo para cometer una infracción grave, sino que las Fuerzas de Seguridad deberán entender, además, que con ello se incita a la violencia o se está justificando el odio.

El artículo 16 del anteproyecto aprobado en el último Consejo de Ministros castiga con multas de entre 1.001 y 30.000 euros las expresiones o el uso de banderas y otros símbolos que “inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer o cualquier otra forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito”. El Ministerio del Interior, por contra, no considera que la sola exhibición de la bandera impuesta por la fuerza en España durante cuarenta años incite al odio o la violencia, según fuentes de ese departamento.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirmó este lunes que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana no pretende castigar “consideraciones de tipo político, sean las que sean”, sino el uso que de esa simbología se haga. “Antes de entrar a la casuística concreta, se aplicara el principio de proporcionalidad y se castigarán las conductas que provoquen ese tipo de comportamientos”, declaró a Antena 3 el ‘número dos’ de Interior. Por tanto, quedará al criterio de los miembros de las Fuerzas de Seguridad imponer sanciones por enseñar, por ejemplo, la bandera con el águila de San Juan.

Las infracciones que recoge el anteproyecto de ley se dividen entre las que hereda del texto ahora en vigor, aprobado en 1992; las que ahora son faltas y como tales desaparecerán del Código Penal; y las de nueva creación, que tratan de acabar con las lagunas  de la vigente ley Corcuera. En este último apartado se enmarca el artículo 16 sobre exhibición de lemas o símbolos que inciten al odio o la discriminación.

Tampoco el Código Penal de 1995 sanciona la exaltación del franquismo. De hecho, el componente ideológico sólo está considerado un agravante de otros delitos tipificados en el texto vigente hasta ahora. Fuentes jurídicas destacan la dificultad de los tribunales para condenar en casos de exaltación del franquismo o el nazismo, debido a la ausencia de un “bien jurídico protegido”, es decir, de un colectivo al que se reconozca legalmente perjudicado por esa apología.

El pasado octubre, el Grupo Popular tumbó con su mayoría en el Congreso una moción de CiU, consensuada con PSOE, IU, UPyD y UPN, para que el nuevo Código Penal incluyera los delitos de “apología y enaltecimiento del franquismo”. El PP se escudó entonces en las referencias genéricas que hará el nuevo Código Penal a ideologías totalitarias.

Multa por la “ofensa a España”

La laxitud con las banderas del anterior régimen y otros símbolos de la Dictadura contrasta con las fuertes multas de hasta 30.000 euros que el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana reserva para las denominadas “ofensas a España”. En el mismo capítulo de infracciones graves, un artículo castiga las “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

Francisco Martínez, el número dos de Interior, se refirió a este artículo asegurando que la Administración se debe reservar el derecho de castigar “determinadas conductas que atacan a un bien jurídico que debemos proteger: nuestros símbolos constitucionales y todo lo que rodea a la imagen de España”.

La exhibición de símbolos franquistas queda sin castigo en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

http://r-evolucion.es/2014/01/05/la-exhibicion-de-simbolos-franquistas-queda-sin-castigo/

El mensaje de Niño Becerra en 2013: del “ya no se vivirá igual” al “Gobierno, diga la verdad”

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Desde los organismos internacionales hasta el Gobierno, pasando por las agencias de rating, todos coinciden en que ya empiezan a verse los primeros síntomas de mejora para la economía española. Lo peor de la crisis ya ha pasado, se dice desde hace unos meses. Pero, ¿qué significa eso?

El economista Santiago Niño Becerra ha desgranado durante un gran número de artículos publicados a lo largo de 2013 qué hay detrás de ese mensaje y cuál es el futuro que le espera a la economía española.

En su opinión, llevará muchos años resolver la situación actual, marcada por una triple paradoja. Por un lado, que es imposible continuar creciendo como hasta ahora; por otro, que en el planeta sobra dinero “a mansalva, pero que está en forma de bits” y, por último, que existen unos “excesos de pánico de capacidad productiva”. Sin contar con que España hará cualquier cosa que sea necesaria para no descuidar bajo ningún concepto sus obligaciones de pago. El problema es que los países del sur de Europa tienen una deuda que no podrán pagar y la única salida es llevar a cabo una quita.

 Efectivamente puede que lo peor de la crisis haya pasado ya, pero ¿cómo se le dice a alguien que vivió bien que ya no volverá a hacerlo?, se pregunta Becerra.

A medida que se vaya profundizando en la crisis la recaudación decrecerá y aunque a finales del 2014 se pueda principiar muy, muy suavemente la recuperación, “ya lo hará con los prolegómenos del nuevo modelo”, escribe el economista. Una de las consecuencias será la insuficiencia de fondos para atender las pensiones con su actual estructura, que el fondo de reserva podrá compensar cada vez en una menor parte. En consecuencia, insiste, “será necesario crear una pensión de subsistencia, una pensión mínima”.

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La luz subirá un 11% en enero

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El recibo de la luz subirá más de un 11% el próximo mes de enero, según ha establecido la subasta entre comercializadoras eléctricas celebrada esta mañana. El mercado ha arrojado un incremento del precio de la energía del 10,5%, al que habrá que sumar otro aumento en la parte regulada del recibo de aproximadamente el 0,7%, según avanzó el pasado lunes el ministro de Industria, José Manuel Soria.

La subasta CESUR ha establecido un precio por megavatio/hora de 61,83 euros, un 30% superior al registrado en la última puja. Este mecanismo sirve para trasladar el precio del mercado al recibo para el primer trimestre de 2014. El coste de la energía supone alrededor de un 40% de la factura, por lo que el traslado al recibo después de realizar una serie de ajustes técnicos sería del 10,5%, según explican en fuentes del sector.

Soria ha anunciado este jueves que los peajes subirán “como mucho” un 2% y provocarán un incremento del recibo final que estará “en algo menos del 1%”. Fuentes ministerial cifran este incremento en el entorno del 0,7%.

Desde el sector se destaca la “especial incertidumbre regulatoria en esta subasta” y la reducción del número de agentes que participaban tradicionalmente en este sistema.

Por un lado, los productores del antiguo régimen especial, entre ellas las renovables, no tienen clara su retribución para el año que viene, ya que está pendiente de aprobación el real decreto que desarrolle su actividad y, por tanto, se encuentran en una situación difícil a la hora de definir su participación.

Por otro lado, los comercializadores de último recurso no saben si tendrán que ir al mercado a comprar las cantidades no subastadas o, por el contrario, se prorrogará el régimen existente por el cual se les asigna producción de régimen especial.

http://www.elmundo.es/economia/2013/12/19/52b2d978268e3edc618b4582.html

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana sancionará a quienes practiquen deporte en espacios públicos no habilitados

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30-nov-2013

El anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que pasó este viernes el filtro del Consejo de Ministros, contiene un buen número de infracciones vinculadas al deporte, con el añadido de que prevé unas sustanciosas multas para los afectados.

[Img #3258]Para empezar, el nuevo texto sancionará con multa de 100 a 1.000 euros a quienes practiquen juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos.

 Por otro lado, los que planeen nuevas pitadas al himno nacional español, como ya ocurriera en varias ediciones de la Final de la Copa del Rey, deberán pensárselo dos veces a partir de ahora. Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito, serán consideradas como infracciònes graves.

El nuevo texto distingue entre infracciones leves, graves y muy graves con multas de 100 a 1.000 euros para las leves, de 1.001 a 30.000 euros las graves y de 30.001 a 600.000 euros. La Ley de 1992 sólo diferenciaba entre infracciones graves y leves, y establecía una cláusula general que, cuando se daba, permitía calificar como muy graves algunas infracciones definidas como graves.

Dice la nota oficial difundida por el Gobierno que, en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas ¬ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales¬, el nuevo anteproyecto de Ley recoge algunas de las antiguas faltas que reciben ahora la calificación de infracciones administrativas. De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo.

Responsables solidarios

Además, se regula el régimen de sujetos responsables con la novedad de concretar quiénes podrán ser considerados como responsables solidarios (titulares de establecimientos, promotores de espectáculos y actividades recreativas, organizadores de eventos deportivos, convocantes de manifestaciones, etc.) y con la incorporación de la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores legales o de hecho por los daños ocasionados por las infracciones que cometan los menores de edad (responsabilidad civil), a petición del Defensor del Pueblo.

Se amplía el plazo de caducidad

Por otra parte, el nuevo texto amplía de seis meses a un año el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores.

En otro orden, el proyecto tipifica como infracción “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

Cuando una infracción de igual contenido esté tipificada en una normativa específica, será de aplicación preferente esta última”.

Se tipifican como infracciones graves, entre otras:

–    La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación (Procede despenalización de faltas del Código Penal).

–    Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito. (Nuevo).

–    La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. (Procede de la Ley de 1992).

–    Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.

–    El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares y la tolerancia de dicho consumo en locales o establecimientos públicos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos. (Procede de la Ley de 1992).

–    El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. (Nuevo).

–    La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito. (Nuevo).

–    Forzar o inducir a otros, especialmente a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, mediante el empleo de la violencia física, intimidación o engaño, al consumo o a la tenencia ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas cuando no sea constitutivo de delito.

Entre las infracciones leves se encuentran:

–    La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave. (Procede de la Ley de 1992).

–     El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. (Nuevo).

–    Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones realizadas en vías públicas y espacios abiertos al público que produzcan alteraciones del orden público, siempre que no sean constitutivas de delito. (Procede despenalización de faltas del Código Penal).

–    Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos , cuando no constituyan delito, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. (Nuevo + Procede despenalización de faltas del Código Penal).

–    La proyección de dispositivos luminosos sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. (Nuevo).

–    La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos. (Nuevo).

–    La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos. (Nuevo).

Sanciones

Las infracciones contempladas en esta ley podrán ser sancionadas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes, atendida la naturaleza de la conducta infractora:

•    Multa de 100 a 1.000 € por infracciones leves.
•    Multa de 1.001 a 30.000 € por infracciones graves.
•    Multa de 30.001 a 600.000 € por infracciones muy graves.

Además, se establece la obligación de reparar el daño o su indemnización por los daños y perjuicios causados y se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

La denuncia notificada en el acto por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituirá el acuerdo de incoación y podrán denunciar infracciones de la legislación autonómica y local y sus manifestaciones tendrán valor probatorio.

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